Obama promete un desarrollo sostenible

Obama promete un desarrollo sostenible

THE YASUNI-ITT SCHEME’S PROSPECTS WERE ALWAYS DUBIOUS, The Economist, september 22, 2010

IN 2007 Ecuador’s president, Rafael Correa, proposed a rather unorthodox approach to exploiting his country’s oil resources. Rather than pumping the estimated 900m barrels in the Ishpingo-Tiputini-Tambococha field buried below the Yasuní rainforest park—which represent around a fifth of the country’s total reserves—he suggested that the world pay his country $3.6 billion to leave them underground, thus preventing 436m tonnes of carbon dioxide from entering the atmosphere.

The scheme’s prospects were always dubious. The oil’s net present value is over four times greater than the market price of the European carbon credits Mr Correa hoped to obtain. Moreover, the programme’s eligibility for the credits was questionable, since taking Ecuadorean oil off the market might well lead companies to extract even dirtier sources of petroleum elsewhere. And Ecuador’s spotty record of honouring its international commitments gave would-be participants little comfort that it would abide by the deal’s terms—Mr Correa defaulted on $3.2 billion of bonds in 2008.

Nonetheless, Ecuador forged ahead. In 2008, it received a €300,000 ($425,000) grant from Germany for feasibility studies. And six weeks ago it signed a memorandum of understanding with the United Nations Development Programme, which stipulated that the organisation would administer a trust fund that would use payments into the scheme for Ecuadorean renewable-energy projects. Chile donated a polite $100,000 last week.

Now, however, the wheels are starting to come off. Ecuador had been counting on a $700m contribution from Germany over the next decade. Dirk Niebel, the German government’s cooperation minister, recently wrote that the plan lacks “a comprehensive rationale, a clear structure of goals and concrete statements on which guarantees will be given,” suggesting that few German funds will be forthcoming. To assuage such concerns, Ecuador’s patrimony minister, María Fernanda Espinosa, will travel to Germany next week. But she will have a tough time accounting for the decision by Ecuador’s Congress last week to cancel the country’s investment-protection treaty with Germany.

The plan is also attracting increased scrutiny at home. Local activists have long questioned Mr Correa’s commitment to protecting the environment. They point out that the scheme would protect just 15% of the Yasuní park, and that the government continues to subsidise domestic fuel consumption.

Perhaps the best indicator of the programme’s prospects is that the president himself is hedging his bets. Even as he seeks contributions to the fund, he has continued preparations for a “Plan B” in which the state oil company would drill the field.

CORTE CONSTITUCIONAL RATIFICA LEGALIDAD DE CONCURSO DE CUPOS

La acción extraordinaria de protección, interpuesta por el señor Darwin Freire, ante la Corte Constitucional, en contra de  la Dirección del Parque Nacional Galápagos, el Consejo de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, pretendiendo que se deje sin efecto todo el proceso de otorgamiento de los nuevos cupos de operación turística en la Reserva Marina de Galápagos y que se convocara a un nuevo concurso público, fue negada por la máxima instancia de justicia del país.

MEDIDAS CAUTELARES: SUSPENSIÓN DE MONOCULTIVOS; SUBSIDIOS A PRODUCTORES; REGULARIZACIÓN A CAMARONEROS E IMPORTACIÓN DE SEMILLAS TRANSGÉNICAS

Resumen Causa No. 0062-09-IN, admitida a trámite  en Corte Constitucional.

De acuerdo con lo ordenado por la Sala de Admisión mediante Auto de fecha 24 de Agosto de 2010 a las 09h16 y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 52 de 22 de octubre de 2009, se pone en conocimiento del público lo siguiente:

CAUSA No. 0062-09-IN, Acción de Inconstitucionalidad por el fondo y la forma de los Arts. 3 literal d), 6, 16, 20, 26, 28, 32, 33, 34, 35, Disposiciones Transitorias Primera y Segunda y la Disposición Derogatoria Primera de la Ley  Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 583 de 5 de mayo del 2009.

LEGITIMADO ACTIVO: IVONNE RAMOS, en calidad de representante legal de la organización Acción Ecológica y procuradora común de, SERAPIO LAJE Y WILSON GONZÁLEZ y otros.

LEGITIMADOS PASIVOS: Presidente Constitucional de la República, Presidente de la Asamblea Nacional; y, Procurador General del Estado.

NORMAS CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS:

Artículos 84; 118; 120.6; 133; 137; 138; 147.13; 226 y, 425 (inconstitucionalidad por la forma) y Artículos 3.5; 11.2; 15; 57.8; 61.2.7; 65; 73; 96; 156; 281.1; 304.4.6; 335; 336; 341; 395.1; 401; 406 y 413 de la Constitución de la República.

PRETENSIÓN JURÍDICA:

Que se declare “la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 583 de 5 de mayo del 2009. Como medida cautelar, entretanto esta Corte resuelve la constitucionalidad de la Ley impugnada, ordenar a las autoridades competentes la suspensión o abstinencia en la realización de las actividades derivadas de la aplicación de esta Ley que comprometen derechos fundamentales de los ciudadanos y que se concretan, a saber, en a) el apoyo gubernamental en el establecimiento de monocultivos destinados a la producción de agrocombustibles; b) la regularización de tierras ilegalmente ocupadas y explotadas por personas naturales o jurídicas camaroneras o acuícolas; c) la entrega de subsidios agroalimentarios a grandes productores; d) la importación de semillas de origen transgénico y todas aquellas que la Honorable Corte considere pertinentes”.

De conformidad con lo dispuesto por la Sala de Admisión, publíquese este resumen de la demanda en el Registro Oficial y en el Portal Electrónico de la Corte Constitucional.

LO CERTIFICO.- Quito, D. M., 3 de septiembre del 2010.- Las 09h00.

f.) Dr. Arturo Larrea Jijón, Secretario General.

REDD y el Art. 74 de la Constitución Política del Ecuador

REDD 74

Montreal, diciembre del 2005, Lucio Pedroni, Ingeniero Forestal  suizo y cabeza de la delegación costarricense en la Convención de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, puso calor a las conversaciones entre los Países cuando sugiere un modelo de proyecto –adicionales a los del Protocolo de Kioto- para ayudar a los países en vías de desarrollo a conservar sus bosques primarios; así los países industrializados pagarían a países como Ecuador, Brasil, Bolivia, Papúa Nueva Guinea y otros, a reducir las emisiones provenientes de la degradación y deforestación de bosques primarios. A esto se llamó proyectos REDD, que todavía no es aprobado en la instancia internacional pero que seguramente verá la luz en la próxima reunión de Cambio Climático en México, diciembre 2010.

REDD es un mecanismo que sirve para determinar las áreas a conservar que por un riesgo evidente puedan ser deforestadas y/o degradadas, contabilizar el CO2 (carbono) que captura ese bosque por hectárea y convertirlo en emisiones reducidas transables en el mercado de carbono voluntario. REDD se vuelve un incentivo económico por excelencia, que se traduce en pago por servicios ambientales (belleza escénica; conservación de biodiversidad; mantenimiento de cuencas hidrográficas; secuestro de carbono; protección y recuperación de suelos).

La Constitución del 2008, hizo una mala jugada a REDD, en su Art. 74 segundo inciso establece que los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. Es decir que nadie ni siquiera el propio Estado puede vender o pagar servicios ambientales, la prohibición es expresa, por lo tanto no se pueden formular esta clase de proyectos en Ecuador.

Paradójicamente el mismo año, 2008, el Gobierno Nacional lanzó su programa Socio Bosque (positivo por cierto) que incentiva económicamente a personas naturales que conserven bosques, es decir pagan por servicios ambientales la cantidad de USD 30 por hectárea/año. La proyección de Socio Bosque hasta el 2010 es de conservar 620 mil hectáreas, beneficiando 43 mil familias, pagando aproximadamente 18 millones de dólares. Actualmente Socio Bosque se presenta internacionalmente como un proyecto REDD.

Mientras tanto, el gobierno Alemán a través de la KFW, en junio 11 del 2010, entregó 10 millones de euros entre otras cosas para apoyar a Socio Bosque; y las Estrategias Productivas de la Ministra Cely señalan como sector importante el de energía renovable y el de servicios ambientales.

Seguramente los Ministros de Finanzas y Ambiente, no se han percatado de que usan recursos públicos para un programa inconstitucional. La KFW definitivamente no tiene asesores legales en Ecuador. Al Ministerio Coordinador de la Producción nadie le ha planteado el problema. La Revolución Ciudadana usa las normas legales como de mera referencia. ¿No sería mejor, teniendo la coyuntura ideal en la Asamblea, corregir el Artículo 74 de la Constitución?; pues una prohibición expresa no se “repara” con una Ley como ya proponen las mentes lúcidas ambientalistas.  Mientras tanto, gastan ilegalmente fondos públicos; perdemos la oportunidad de desarrollar proyectos REDD por pereza e ignorancia y recibir por conservar pagos millonarios de países industrializados.

Ecuador se auto mutila, 4’754,586 hectáreas (18% del territorio) son áreas protegidas  y 11,5 MM hectáreas son bosques primarios sin protección legal (42%). Todos necesitan apoyo económico para ser conservados, todos están en riesgo.

AMPLIACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA MANGLARES EL SALADO A 9.747,8 HECTÁREAS

En el Registro Oficial No. 284 del 24 de septiembre se publica el Acuerdo Ministerial No.158 donde se amplian, por ende rectifican, los límites de la Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado, de 5.176 hectáreas a una extensión total de 9.747,8 hectáreas.

La declaratoria  de Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado, fue el 15 de noviembre del 2002, con 3.700 ha. Ésta extensión fue corregida y ampliada a 5.176 ha en el año 2003. Finalmente, el 15 de febrero se hicieron las últimas rectificaciones a los límites de la Reserva, hasta la actual ampliación.

 

Recordando lo básico

POLÍTICAS GENERALES PARA PROMOVER LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Acuerdo Ministerial No. 131, publicado en Registro Oficial No. 284 de septiembre 22 del 2010

Art. 1.- El presente acuerdo ministerial tiene como objeto promover las buenas prácticas en entidades del sector público para apoyar en la reducción de la contaminación ambiental.

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- las siguientes políticas generales para establecer las buenas prácticas ambientales serán de aplicación obligatoria para las entidades a las que se refiere el Art. 141 de la Constitución de la República del Ecuador, inciso segundo.

Podrán acogerse a este acuerdo ministerial de manera voluntaria las demás Instituciones del sector público determinadas en el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador.

Art. 3.- El glosario de términos a regir en el presente acuerdo ministerial son los siguientes:

Buenas prácticas ambientales.- Es un compendio de actividades con los que se promueve a diferentes personas jurídicas y naturales a aplicar ciertas prácticas con el fin de reducir la contaminación y los impactos ambientales negativos.

Compras responsables.- Aquellas adquisiciones que consideran parámetros ambientales y que cuenten con permisos y licencias establecidas emitidas por la autoridad competente.

Indicador de gestión.- Son datos en la gestión que resumen gran cantidad de información clave, significativa y comparable a fin de presentar el comportamiento ambiental de una entidad, programa, proyecto u otra de manera exhaustiva y cuantificable.

Memo electrónico.- Es un documento generado en memoria electrónica a base de componentes en un ordenador o computador cuyos dispositivos y medios de grabación retienen datos informáticos.

Sistema informático cero papeles.- Aquel sistema electrónico que busca eliminar el flujo de documentación en papel, reemplazándolo por un memo electrónico.

Art. 4.- Las instituciones sujetas al presente acuerdo ministerial, tendrá que notificar hasta el 31 de enero de cada año al Ministerio del Ambiente, sus indicadores de gestión de buenas prácticas ambientales que serán: consumo de agua, consumo de energía, kilogramos de papel consumidos, kilogramos de papel reciclado y manejo de residuos y desechos calculados por persona.

Art. 5.- Se crea el Reconocimiento: “Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental” -REA-, que se otorgará a la entidad que reduzca su porcentaje de contaminación a través de buenas prácticas ambientales y frente a las demás entidades públicas.

Art. 6.- Las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial deberán obligatoriamente realizar una capacitación permanente a sus funcionarios y funcionarias, de tal manera que tengan el conocimiento adecuado para implementar las actividades de buenas prácticas ambientales de su institución.

Art. 7.- Las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial implementarán programas de difusión para la disposición adecuada de los desechos, ahorro de agua, ahorro de energía, prohibición de fumar, entre otras disposiciones que sean buenas prácticas ambientales.

TÍTULO I

LÍNEA BASE PARA LA GESTIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

CAPÍTULO I

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Art. 8.- La línea base para la gestión de buenas prácticas ambientales deberá contener lo siguiente:

a) Estado de equipos e instalaciones;

b) Detalle del gasto de energía. Curvas trimestrales de consumo energético;

c) Gastos y consumo de papel;

d) Estado de la gestión de residuos y desechos;

e) Gasto y consumo de agua. Estado de las instalaciones de agua. Estado de jardines y prácticas de riego, de ser el caso;

f) Situación en cuanto a la generación de desechos y su disposición final;

g) Estado de la gestión del transporte de la institución, tanto propio como contratado;

h) Situación acerca de la gestión de compras responsables en la institución; e,

i) Identificación de los problemas que limitan las buenas prácticas ambientales en la institución.

Art. 9.- Las instituciones y empresas sujetas a este acuerdo ministerial, deberán proponer alternativas de solución a los problemas identificados que limitan las buenas prácticas ambientales.

Art. 10.- Las entidades del sector público que se sujeten a este acuerdo ministerial, deberán detallar los rubros que se proyecta obtener de la venta de productos de reciclaje, su destino y el uso presupuestario.

TÍTULO II

DE LA GESTIÓN PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

CAPÍTULO I

LA GESTIÓN DE DESECHOS

Art. 11.- El presente acuerdo ministerial no podrá usarse para el manejo de desechos peligrosos tales como los hospitalarios, los biocontaminantes, entre otros. Para ellos se aplicarán las normas especiales existentes.

Art. 12.- Los desechos sólidos generados en las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial serán separados en tachos independientes de la siguiente manera:

a) Papel y cartón;

b) Plástico;

c) Metal;

d) Vidrio;

e) Desechos orgánicos o biodegradables y desechos comunes; y,

f) Desechos peligrosos.

Art. 13.- Las direcciones administrativas o su equivalente, dispondrán la entrega de los desechos a través de los sistemas de recolección de basura de cada cantón; cada entidad se encargará de realizar las gestiones, convenios, contratos y más acciones que garanticen una disposición final adecuada.

La identificación, disposición en tachos de colores, calificación como gestores ambientales y más aspectos constantes en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria y las ordenanzas municipales sobre el manejo de desechos, deberá estar orientada a la aplicación efectiva y coordinada con esta normativa.

CAPÍTULO II

DE LA GESTIÓN DEL PAPEL

Art. 14.- La política de buenas prácticas ambientales deberá incorporar un sistema informático cero papeles en la gestión de documentación interna, sus costos y beneficios, o en su defecto, cada institución deberá diseñar un mecanismo de comunicación electrónica interna que permita el ahorro del papel.

Art. 15.- Se utilizará el sistema informático cero papeles como un medio idóneo para la comunicación interna dentro de las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial. Sin perjuicio de lo señalado, de requerirse un documento en constancia física se realizará la impresión en papel y sobres reutilizados.

Art. 16.- La lectura, análisis, revisión de borradores de documentos se realizará de forma electrónica, en aquellas instituciones que utilicen estos mecanismos informáticos.

Art. 17.- Las impresiones de las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial se realizarán en blanco y negro.

Solamente en documentos finales, que usen mapas, gráficos o se haga estrictamente necesario se usarán impresiones de color.

Las impresiones de libros o documentos de las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial deberán hacerse sin plastificado o protección UV pues esta dificulta su reciclaje. Preferentemente serán elaboradas en material reciclado, o con certificación ecológico.

Las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial deberán realizar el mantenimiento constante de copiadoras, impresoras y equipos para evitar el desperdicio de papel.

Art. 19.- El papel deberá clasificarse en dos recipientes:

a) El de reutilización, que deberá establecerse en cada oficina, con la respectiva identificación; y,

b) El de reciclaje y descarte que se refiere al papel que ya haya sido utilizado, finalmente y reutilizado previamente, el mismo que deberá estar señalizado de igual manera.

El papel a depositarse en los tachos deberá estar sin grapas, cuerdas, cintas, ligas, grasa, papel químico o algún otro tipo de adhesivo; así como tampoco deberán estar contaminados con residuos orgánicos.

Los materiales que dificulten el reciclaje deberán estar dispuestos en basureros de otros materiales.

CAPÍTULO III

GESTIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS

Art. 20.- Toda institución sujeta a este acuerdo ministerial deberá instalar sistemas de reciclaje internos de papel, cartón, plástico, metal, vidrio, desechos orgánicos o biodegradables, desechos comunes y desechos peligrosos en distintos contenedores. La Dirección Administrativa o su equivalente adquirirán los contenedores señalizados para estos fines.

Art. 21.- Toda institución sujeta a este acuerdo ministerial deberá instalar recipientes para desechos orgánicos y formar parte del sistema de recolección y destino final establecido en cada cantón.

Art. 22.- Los desechos orgánicos generados en áreas como los comedores de las instituciones, deberán ser acopiados y desalojados conforme a este acuerdo ministerial, y dispuestos de acuerdo a los sistemas de recolección de cada cantón.

Art. 23.- Las instituciones sujetas al presente acuerdo deberán coordinar, contratar o realizar los convenios locales con las instituciones que reciclan y procesan desechos para la compra venta o disposición final.

Art. 24.- Si en un cantón no se hubiera expedido ordenanza sobre disposición final clasificada de desechos sólidos o no existieran sistemas de recolección clasificados, las instituciones quedarán exentas de las obligaciones previstas en los artículos 21, 22 y 23 de este acuerdo ministerial.

Art. 25.- Las pilas y baterías que se compren en las instituciones serán recargables en la medida de lo posible. Se dispondrá de contenedores especiales y serán señalizados para el efecto. Tal como lo indica el capítulo de compras responsables estos desechos deben ser manejados por los proveedores.

Art. 26.- Los cartuchos que se desechen en las oficinas deberán entregarse a la Dirección Administrativa o su equivalente en la institución para la disposición final adecuada. La Dirección administrativa de cada institución gestionará con los proveedores de cartuchos de impresora un plan de disposición final de los mismos o en su defecto con la institución que se encargue de la disposición final de estos desechos.

CAPÍTULO IV

DE LA GESTIÓN Y AHORRO DEL AGUA

Art. 27.- En las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial de buenas prácticas ambientales se deberá:

a) Instalar en los servicios sanitarios ahorradores y contadores de agua;

b) Instalar en los lavabos de las instituciones reguladores de caudal, y temporizadores;

c) Hacer revisiones anuales de tubería y grifería para evitar fugas y desperdicios; y,

d) Las instituciones que cuenten con espacios verdes deberán instalar sistemas de riego por aspersión y el riego deberá hacerse solamente en las tardes.

Art. 28.- Se prohíbe que las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial realicen cualquier actividad que incurra en el desperdicio de agua.

CAPÍTULO V

ENERGÍA Y TRANSPORTE

Art. 29.- Cada edificio e instalación de las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial deberán revisar las instalaciones eléctricas y las alternativas para la solución de problemas encontrados en ellas.

Art. 30.- Cada institución sujeta a este acuerdo ministerial deberá incorporar lámparas fluorescentes o focos ahorradores en sus edificios e instalaciones, de acuerdo al Decreto Ejecutivo 238 de fecha 28 de enero del 2010, publicado en el Registro Oficial No. 128 de 11 de febrero del 2010.

Art. 31.- Además incorporará en su reglamento interno de funcionamiento normas que obliguen:

a) Apagar maquinarias, computadoras y equipos cuando no se estén usando;

b) Uso de protectores de pantalla que ahorren energía en las computadoras;

c) Detectores de movimiento-encendido en los pasillos y baños;

d) Control del encendido y apagado de las cafeteras;

e) Prever el mantenimiento anual de equipos y chequear vida útil de los mismos para programar su reemplazo; y,

f) Desconectar cargadores de equipos electrónicos.

Art. 32.- Cada institución deberá realizar un mantenimiento periódico del estado de copiadoras e impresoras y demás artefactos eléctricos.

Art. 33.- En cuanto a la eficiencia energética en edificaciones de nueva construcción, y a edificios cuyas modificaciones, reformas o rehabilitaciones sean superiores al 25% del envolvente del edificio, las instituciones sujetarse al presente acuerdo ministerial deberán sujetarse a lo dispuesto para estos casos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 506:2009 de Eficiencia Energética en Edificaciones.

Art. 34.- Las instituciones sujetas a las buenas prácticas ambientales deberán cumplir en cuanto al tema de energía y transporte como mínimo con lo siguiente:

a) Realizar el mantenimiento constante del parque automotor de la institución;

b) Mantener y regular la presión de neumáticos del parque automotor para reducir el gasto de energía;

c) Disminuir en el parque automotor el uso de parrillas, guarda choques y otros elementos que provocan resistencias; y,

d) Los talleres de servicio automotriz en los que se realice el mantenimiento, limpieza, arreglo de automotores deberán observar una gestión adecuada de los desechos y cumplir con las regulaciones del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, como también con las ordenanzas locales. Tendrán que cumplir con las siguientes actividades mínimas:

1. Recolección y tratamiento adecuado de aceites.

2. El Cambio de aceite no se puede realizar en la vía pública.

3. Evitar la contaminación del agua.

4. Reciclar o manejar de manera separada y adecuada las partes o piezas cuando sean desechos.

5. Disposición ambientalmente adecuada de neumáticos, baterías, aceites, tachos y recipientes, entre otros.

6. Controlar la vida útil de vehículos.

7. Capacitar a chóferes respecto del mejor rendimiento del vehículo, evitando el desperdicio de energía (combustible).

Art. 35.- Las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial deberán promover el uso del transporte masivo, bicicleta u otros medios alternativos de movilización.

Las instituciones implementarán la infraestructura necesaria para aparcamiento, seguridad y vías para el uso de la bicicleta.

TÍTULO IV

DE LAS COMPRAS RESPONSABLES

CAPÍTULO I

COMPRAS DE PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS

Art. 36.- Las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial para la adquisición de productos de limpieza deberán observar las siguientes disposiciones:

1. Reducir los desechos a través de las compras en envases grandes o al por mayor.

2. Garantizar que los productos tengan un etiquetado que informe de sus riesgos y beneficios.

3. Garantizar que los ofertantes cuentan con los requisitos establecidos en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.

4. Incorporar en su gestión institucional productos biodegradables.

5. Descontinuar el uso de productos ambiental y laboralmente peligrosos en la limpieza institucional.

6. Las instituciones preferirán la adquisición de bienes y servicios de proveedores que cumplan con los requisitos especificados en el numeral tres de este artículo, con el objeto de promover la responsabilidad ambiental.

7. Priorizar el uso de materiales y equipos con certificación o reconocimiento ambiental.

Art. 37.- Las compras de papel se realizarán siempre y cuando el proveedor incluya en su oferta un porcentaje de papel reciclado o que cuente con un certificado o reconocimiento de producción limpia.

Art. 38.- Las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial, obligatoriamente deberán requerir que los ofertantes de madera, de algún derivado de la madera, o de productos que han usado madera en su producción, adjunten una copia de una certificación, licencia o documento que demuestre un aprovechamiento forestal sustentable.

Art. 39.- Las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial solicitarán a los proveedores de electrodomésticos, equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras, faxes, acondicionadores de aire, calentadores de agua, equipos de refrigeración mecánica, ventiladores, ascensores, bombas contra incendio, que etiqueten el producto con la especificación clara del ahorro de energía que ofrece el producto.

La etiqueta deberá contener las instrucciones para el uso eficiente del producto desde el punto de vista energético.

No se adquirirá equipos de refrigeración mecánica que utilicen refrigerantes que agoten la capa de ozono.

Art. 40.- Las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial solicitarán de los proveedores de equipo caminero, buses, camionetas, autos y otros medios de transporte que se incluya en su oferta una explicación clara y detallada del consumo de carburante y la cantidad de emisiones de CO2 que sus productos generan.

Art. 41.- Las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial deberán requerir de los ofertantes de construcciones o adecuaciones que incluyan en sus ofertas un análisis de las alternativas para incluir energías alternativas en la construcción o adecuación; y un análisis que establezca alternativas para promover la eficiencia energética a través de buenas prácticas en la calefacción, refrigeración, iluminación y ubicación de la construcción. Estas alternativas deberán tomar en cuenta las condiciones climáticas y las particularidades locales.

Art. 42.- Los ofertantes de cartuchos de impresoras deberán ofrecer el servicio de la recolección y manejo ambiental de los desechos.

Art. 43.- Los ofertantes de la provisión de los servicios de alimentación de las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial deberán garantizar en sus ofertas que no usarán vajilla desechable.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Ministerio del Ambiente, de manera inmediata deberá promulgar instructivos y normas para la realización y adjudicación de premios a las instituciones que mejor apliquen estas políticas para promover las buenas prácticas ambientales.

El Ministerio del Ambiente, a partir de la entrega de los informes de indicadores de gestión de buenas prácticas ambientales por parte de todas las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial, evaluará los indicadores y realizará un análisis comparativo, para definir a la institución que mejores resultados haya alcanzado.

Dicha institución será acreedora al reconocimiento público, y los resultados de la evaluación serán publicados en un diario de amplia circulación a nivel nacional.

SEGUNDA.- Debido a que el presente acuerdo ministerial implica una replanificación de actividades y de presupuestos, deberá ser implementada progresivamente; sin embargo el plazo máximo de implementación para las instituciones será hasta el 31 de enero del 2011.