REDD y el Art. 74 de la Constitución Política del Ecuador

REDD 74

Montreal, diciembre del 2005, Lucio Pedroni, Ingeniero Forestal  suizo y cabeza de la delegación costarricense en la Convención de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, puso calor a las conversaciones entre los Países cuando sugiere un modelo de proyecto –adicionales a los del Protocolo de Kioto- para ayudar a los países en vías de desarrollo a conservar sus bosques primarios; así los países industrializados pagarían a países como Ecuador, Brasil, Bolivia, Papúa Nueva Guinea y otros, a reducir las emisiones provenientes de la degradación y deforestación de bosques primarios. A esto se llamó proyectos REDD, que todavía no es aprobado en la instancia internacional pero que seguramente verá la luz en la próxima reunión de Cambio Climático en México, diciembre 2010.

REDD es un mecanismo que sirve para determinar las áreas a conservar que por un riesgo evidente puedan ser deforestadas y/o degradadas, contabilizar el CO2 (carbono) que captura ese bosque por hectárea y convertirlo en emisiones reducidas transables en el mercado de carbono voluntario. REDD se vuelve un incentivo económico por excelencia, que se traduce en pago por servicios ambientales (belleza escénica; conservación de biodiversidad; mantenimiento de cuencas hidrográficas; secuestro de carbono; protección y recuperación de suelos).

La Constitución del 2008, hizo una mala jugada a REDD, en su Art. 74 segundo inciso establece que los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. Es decir que nadie ni siquiera el propio Estado puede vender o pagar servicios ambientales, la prohibición es expresa, por lo tanto no se pueden formular esta clase de proyectos en Ecuador.

Paradójicamente el mismo año, 2008, el Gobierno Nacional lanzó su programa Socio Bosque (positivo por cierto) que incentiva económicamente a personas naturales que conserven bosques, es decir pagan por servicios ambientales la cantidad de USD 30 por hectárea/año. La proyección de Socio Bosque hasta el 2010 es de conservar 620 mil hectáreas, beneficiando 43 mil familias, pagando aproximadamente 18 millones de dólares. Actualmente Socio Bosque se presenta internacionalmente como un proyecto REDD.

Mientras tanto, el gobierno Alemán a través de la KFW, en junio 11 del 2010, entregó 10 millones de euros entre otras cosas para apoyar a Socio Bosque; y las Estrategias Productivas de la Ministra Cely señalan como sector importante el de energía renovable y el de servicios ambientales.

Seguramente los Ministros de Finanzas y Ambiente, no se han percatado de que usan recursos públicos para un programa inconstitucional. La KFW definitivamente no tiene asesores legales en Ecuador. Al Ministerio Coordinador de la Producción nadie le ha planteado el problema. La Revolución Ciudadana usa las normas legales como de mera referencia. ¿No sería mejor, teniendo la coyuntura ideal en la Asamblea, corregir el Artículo 74 de la Constitución?; pues una prohibición expresa no se “repara” con una Ley como ya proponen las mentes lúcidas ambientalistas.  Mientras tanto, gastan ilegalmente fondos públicos; perdemos la oportunidad de desarrollar proyectos REDD por pereza e ignorancia y recibir por conservar pagos millonarios de países industrializados.

Ecuador se auto mutila, 4’754,586 hectáreas (18% del territorio) son áreas protegidas  y 11,5 MM hectáreas son bosques primarios sin protección legal (42%). Todos necesitan apoyo económico para ser conservados, todos están en riesgo.